España y la UE: progresar entre amigos

Los titulares transmitieron ayer una sensación inquietante: “Bruselas sitúa a España entre los países en riesgo de incumplir el déficit”. Y circulaban palabras como avisos, advertencias, amenazas y sanciones. El asunto parecía grave.

Las relaciones entre las autoridades de la UE y las de los países miembros a menudo adoptan la forma de conflictos, a veces aparentemente muy intensos. En realidad, se trata de desavenencias que distraen la atención del objetivo fundamental, que es la construcción de un nuevo Estado que incluya a los anteriores, los replique y absorba algunas de sus funciones de modo tal que todos queden al final en mejor situación que al principio en términos de legitimidad política. Lo de ayer no fue la excepción.

La supuestamente severa CE se felicitó primero porque ha habido “progresos significativos” en economía y finanzas, e incluso en el Pacto de Estabilidad, el mismo Pacto que se saltan a la torera cuando les conviene. Y hay siete países que pueden no cumplir los objetivos de déficit, entre ellos España, que deberá revisar el borrador de Presupuestos para 2015 y aclarar qué medidas va a tomar para cumplir con los objetivos fiscales y para abordar el elevado desempleo.

Y todo en un lenguaje meloso donde se elogian los progresos de nuestro país y se le invita a seguir progresando. Progresar entre amigos, se llama el juego.

Se dirá que no, que después de todo la UE tiene poder y quizá caigan sanciones. Lo veo poco probable. Lo más relevante a mi juicio es el truco de las estimaciones de crecimiento. Como los criterios de déficit se miden en porcentaje del PIB, y la CE prevé un crecimiento menor que las predicciones oficiales, si éstas se concretan el PIB será superior y, por tanto, el porcentaje de déficit inferior. Y aquí paz y después gloria. Todos habrán salvado la cara, que es de lo que se trata.

Se exagera también al sostener que la CE impedirá al Gobierno cumplir su compromiso de bajar los impuestos, forzándole a no hacerlo o incluso a subirlos. Que desde Moncloa acepten esto lo veo aún menos probable, especialmente en un año electoral.

(Artículo publicado en La Razón.)