El lío montado hace tres meses con la tarifa de la luz ha impulsado la actividad reformista del Ministerio de Industria, que se plasmará en un nuevo recibo. Los ciudadanos tenemos información sobre las líneas generales del cambio y la reacción de las eléctricas. La confusión parece predecible. Subsisten dudas, en cambio, sobre el desenlace para las carteras de los usuarios.
La reforma
La reforma consiste en que el precio de la luz cambiará todos los meses según el precio diario del kilovatio en el “pool” o mercado mayorista. Los ciudadanos que cuenten con contadores inteligentes podrán ajustar su consumo según las horas del día, y a los demás se les aplicará una media mensual. La bronca entre las eléctricas y el Gobierno proseguirá, y quizá se intensifique, con el ministro Soria convertido en ariete que multa, obliga, y carta va, carta viene, factura va y refactura viene. Es un papel políticamente grato, en la medida en que traslada a las empresas la responsabilidad y les echa la culpa de los padecimientos de los usuarios, en primer lugar para entender lo que está pasando.
Cambio de papeles
Pero ese papel se puede tornar rápidamente en muy desagradable, por causa de lo que más afecta al ciudadano: el precio total que va a terminar pagando por un kilovatio que, no se olvide, ya es uno de los más caros de Europa. El Gobierno asegura que la luz bajará. Esto es aún dudoso, aunque hay algo que no lo es: la conciencia del ciudadano sobre lo que le cuesta la luz. Si el Gobierno le promete que pagará menos y en realidad termina pagando más, él será el primero en darse cuenta, y entonces es más que posible que no despotrique sólo contra las malvadas empresas eléctricas.
(Artículo publicado en La Razón.)
