Leí hace un tiempo un interesante artículo de Álvaro Carvajal en El Mundo sobre cómo seleccionaba Podemos a los candidatos a integrar sus listas electorales. El objetivo es el siguiente: “Podemos no quiere sorpresas en sus listas electorales ni dentro de sus órganos que le provoquen contradicciones con su discurso político”.
Aparte de las obviedades, como que no admiten candidatos corruptos, me interesaron especialmente las “incompatibilidades” de carácter económico. En Podemos están vetados quienes sean “consejeros, directivos o administradores” de “empresas estratégicas” o a quienes tengan contratos de “alta dirección” en ellas.
Hay un aspecto añadido que observó Carvajal, y es que Podemos impedirá que se presente en sus listas cualquier persona que tenga “paquetes de acciones relevantes” en dichas firmas. Anotó el periodista: “El problema es que este apartado –que puede afectar a gente que tenga acciones del Banco Santander o Telefónica– no cuantifica qué cifra considera ‘relevante’. ¿20.000 euros? ¿50.000? ¿100.000 euros? ¿Más?”.
Sin negar el disparate que con mucho acierto señala Álvaro Carvajal, sospecho que las posibilidades de cuestionar la lógica de las incompatibilidades planteadas por Podemos son bastante más copiosas.
Si es claramente arbitrario impedir que figuren en las listas del partido populista unos accionistas “relevantes” sin precisar en ningún momento qué consideran “relevante” don Pablo Iglesias y sus secuaces, es tanto o más arbitrario vetar a los vinculados con “empresas estratégicas” sin molestarse en aclarar de qué empresas se trata.
Anthony de Jasay, el más importante pensador liberal vivo, ironizó en una ocasión sobre la indefinición de los bienes públicos diciendo: se llama bien público a todo aquel bien que el Estado decida que es un bien público. Algo parecido sucede con las llamadas empresas estratégicas o sectores estratégicos, que pueden ser cualquier empresa y cualquier sector que los políticos decidan que es importante, o que lo hagan sus propietarios, o que entablen ambos una alianza para promover sus intereses respectivos.
Esto puede aproximarnos a lo que posiblemente tengan en mente los jerarcas de Podemos, aunque en un sentido que conspira contra sus desatinadas nociones económicas.
En efecto, lo que habitualmente se considera “estratégico” son sectores y empresas intervenidos o regulados por el Estado, o incluso que son a veces propiedad del Estado. Digamos, las empresas de servicios públicos, desde el transporte hasta la energía, desde la defensa hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta la seguridad, desde la biotecnología hasta la minería… Y la lista podría continuar.
Pero quedándonos con los sectores habitualmente considerados estratégicos, los dirigentes populistas se pueden encontrar ante una situación paradójica o absurda por partida doble. Por un lado, las empresas de las que pretenden apartarse son aquellas más condicionadas y manejadas por los propios políticos. Y, por otro lado, al no ser el textil un sector habitualmente catalogado como estratégico, Amancio Ortega podría presentarse en las listas de Podemos.
