Podemos vigilar al pueblo

Los enemigos de la libertad del pueblo jamás se presentan como tales, sino más bien al contrario. Es verdad que cuando se hacen con el poder, su aborrecimiento a los ciudadanos y a sus derechos se despliega con crueldad. Sin embargo, no es habitual que declaren dicho odio paladinamente antes de acceder al poder. De ahí el interés de las campañas de los políticos en torno a los impuestos, porque allí sí suelen revelar sus intenciones más siniestras con menos tapujos.

Se nota, por ejemplo, en las supuestamente heroicas campañas contra el fraude fiscal, que en realidad tienen como objetivo no solo sangrar más a la población sino colar insidiosamente la mentira conforme a la cual los únicos impuestos malos son los que aún no se pagan. De esta manera, si los malos son los defraudadores, eso querrá decir que el resto de los impuestos que pagan los muy sufridos contribuyentes que no los eluden ni evaden, esos impuestos están bien. Una pequeña reflexión bastará para comprender la monstruosidad de dicho mensaje, que pulveriza por completo cualquier noción de los límites frente a la coacción del poder político, es decir, pulveriza la noción misma de la libertad del ciudadano.

Dicho ataque a la libertad resplandece generalmente más en el caso de la izquierda, que no titubea en exhibir la necesidad de subirle aún más los impuestos a la gente, siempre por un buen motivo: la última ocurrencia de Warren Sánchez y sus secuaces es crear un nuevo impuesto para pagar las pensiones.

Los de Podemos son aún más descarados en su exhibición antiliberal. Hace poco presentaron un plan “Integral” (siempre son integrales) contra el fraude, que potenciaba el espionaje político-fiscal, para que actúen los inspectores de incógnito y para retribuir al denunciante fiscal: se trata de crear una policía secreta cuyo objetivo es vigilar y acosar a los ciudadanos para que paguen: otra vez, la mentirosa idea de que todo lo que ya se paga, y, por tanto, todo lo que se haga para que se pague, es impecable.

La persecución que planea Podemos, y para colmo sin remilgos a la hora de anunciarla, se extiende a las personas jurídicas, a toda clase de empresas donde los ciudadanos puedan invertir sus ahorros. El objetivo, por supuesto, es que no ahorren: ya se ocupará Pablo Iglesias de su dinero. De su dinero de ellos, claro. Es impresionante la caradura con la que justifican esa persecución de las empresas: “velar por la inversión productiva y la equidad fiscal”.

Y, por fin, pensará usted: se trata de los millonarios. No es así. Podemos quiere contar con instrumentos para vigilarla, intimidarla y eventualmente poder meterla en la cárcel a usted, señora, y a una multitud de ciudadanos corrientes, rebajando el umbral de punibilidad del delito fiscal a 50.000 euros. Insisten en que sólo van contra los ricos riquísimos. Como dice el tango: mentira, mentira.