Tituló publico.es: “Andalucía recuerda que expropiar a bancos es más social que hacerlo para construir campos de golf” (http://goo.gl/RL4rrV). El periodista Iñigo Aduriz saludó la “iniciativa revolucionaria” del llamado decreto antidesahucios de la Junta, que “pretendía garantizar un techo para todos los ciudadanos arremetiendo para ello contra algunas de las decisiones que hoy están en manos de las entidades financieras”. Todo era presentado como inobjetable: los ciudadanos tienen derecho a la vivienda y por tanto el Estado se lo garantiza más allá de banqueros y demás gente de mal vivir.
Estado y derechos
El error estriba en que el Estado no puede garantizar el “derecho a la vivienda” porque no tiene recursos: todo lo que tiene se lo ha quitado antes a los ciudadanos. Por lo tanto, si me da un piso y me permite no pagarlo, es porque ha incrementado los costes que otras personas se verán forzadas a pagar por mí, personas que pueden ser los contribuyentes, o los trabajadores o accionistas de los bancos, o los acreedores de esos bancos cuyos costes financieros pueden verse incrementados por el intervencionismo político.
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