Primero, negar. Segundo, matizar. Tercero, confundir. Cuarto, olvidar.
Estos pasos se repiten en cualquiera de las muestras de la gestión de la izquierda, desde la más brutalmente comunista hasta la más apaciblemente socialdemócrata.
Así sucedió con el aumento del salario mínimo interprofesional y con la reducción de la jornada laboral.
Los autodenominados progresistas empezaron negando que esas medidas pudieran dañar a los más débiles y a los que menos tienen.
Era falso. Cuando se reveló como tal, entramos en la etapa de los matices.
Cristina Alonso señaló en El Mundo que un documento del propio Ministerio de Trabajo reconoce que imponer las 37,5 horas semanales supone un incremento del coste laboral del 6,67 % por ciento, y “llega a esa conclusión obviando centenares de alegaciones de patronales y comunidades autónomas e incluso una contundente advertencia del Ministerio de Economía sobre los posibles efectos adversos que la norma puede llegar a tener sobre el tejido productivo”.
En cuanto a la subida del SMI, ya conocíamos que los progresistas, tan feministas ellos, estaban castigando a las mujeres más vulnerables. Susana Alcelay informó en ABC de que la subida del 60 por ciento del SMI desde 2019 ha hecho que las empleadas de hogar hayan perdido “casi 70.000 puestos de trabajo y más de 100.000 se ha dejado por el camino la agricultura, lo que aproxima la pérdida de ocupación conjunta hacia los 200.000 en seis años. Sin olvidar el impacto que ha tenido el alza de costes en el bolsillo de familias y pensionistas, que también ha estado alimentando el declive de las trabajadoras domésticas”.
Tras la negación y los matices, viene el tercer paso: la confusión. El Gobierno asegura que estas sombras no tienen importancia alguna, porque el empleo crece como nunca y las empresas tienen “margen” para absorber los mayores costes vía la productividad y gracias a sus mayores beneficios.
Aquí el bulo estriba en presentar a las empresas como si fueran todas iguales, o, más bien, como si fueran todas grandes. La confusión es fabulosa porque la mayoría de las empresas son pymes, y, como apunta Cristina Alonso, son las perjudicadas por el supuesto progresismo: “El SMI supera ya el 70% del sueldo medio en las pymes y la patronal acusa al Gobierno de impedir la creación de 350.000 empleos”. En nuestro país registramos subidas del SMI y caídas en la productividad, y eso hace, como advierten los pequeños empresarios, “que el peso de los costes laborales sea todavía mayor en términos relativos”.
Por fin, cuando el dopaje se despeje y la evidencia sobre el daño a los débiles sea abrumadora, los pretendidos progresistas intentarán que olvidemos su responsabilidad. Igual lo consiguen.