La abogada Guadalupe Sánchez Baena apunta que el populismo estriba en la “progresiva patrimonialización e instrumentalización de las instituciones y prerrogativas del Estado, de forma que estas sean puestas al servicio del partido y por supuesto de su líder” [Populismo punitivo, Deusto]. Se trata de “implantar en la ciudadanía un relato cargado de tintes emocionales, que sitúe la voluntad popular por encima de leyes, instituciones o sistemas de gobierno”. El populista “necesita primero apropiarse ideológicamente de reivindicaciones sociales extendidas entre la ciudadanía, en torno a las cuales intenta generar una alarma social artificiosa que conduzca al pueblo a exigir a sus representantes políticos cambios legislativos y medidas que acaben con el problema”. Y a partir de ahí, está habilitado para emplear una prerrogativa fundamental del Estado, el ius puniendi o “facultad de sancionar y castigar conductas”.
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