Hace más de 200 años, Joseph de Maistre sentenció que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. La idea seguramente sea más antigua y ha tenido variantes, como la de Malraux, que apuntó que gobernantes y gobernados se parecen. En esta inquietante línea se inscribe el notable volumen que el profesor Benito Arruñada ha publicado en La Esfera de los Libros: La culpa es nuestra. Cómo las preferencias ciudadanas frenan las reformas en España.
Las siguientes muestras ilustran su tesis, y podrían desencadenar campañas en su contra: “los españoles preferimos ser representados por mediocres… [nuestras leyes] tienen una pobre calidad técnica, generan inestabilidad normativa y revelan impaciencia regulatoria… existe una demanda social para castigar el esfuerzo ajeno… Cataluña ha ido mejor cuando disfrutaba de menos autogobierno y había adoptado –a veces a la fuerza– instituciones exógenas, generadas fuera de Cataluña… regular menos puede resultar la solución más sencilla, económica y eficaz… lejos de corregir los fallos del mercado, los Estados pueden agravarlos… [proliferan comités independientes y planes estratégicos] en un país incapaz de dotar a su Tribunal Constitucional de un mínimo de independencia… con sus retenciones, nombres falsos y demás triquiñuelas, el sistema fiscal está diseñado para esconder al trabajador los impuestos que pesan sobre su trabajo… el modelo socialdemócrata no fracasa solo porque incumpla sus promesas, sino porque promete lo imposible, convenciendo al individuo de que todo lo merece y sin esfuerzo”.
Mientras se precipita usted a comprar el libro, le destripo que Arruñada concibe un final feliz, aunque requiere algo de esfuerzo, empezando por la humildad de reconocer que los políticos no pueden darnos todo gratis, y, si se lo pedimos, acabaremos pagando facturas crecientemente onerosas. Reconozcamos que si los impuestos son altos o la vivienda escasa y cara es porque nosotros reclamamos más gasto público y más intervención en la economía. Todo esto deriva de nuestra propia fantasía, de creer que con nuevas leyes todo se arregla, sin consecuencias nocivas, y de ignorar que el intervencionismo es terreno abonado para la corrupción y el favoritismo que premia a los grupos de presión.
No es un tema de derechas o izquierdas. Arruñada, por ejemplo, aplaude que ponderemos costes y beneficios, “como hace la socialdemocracia danesa”, y desconfía de aquellos liberales que terminan avalando el intervencionismo.
Sus recomendaciones valen para cualquier partido que quiera alejarse del “idealismo normativo” y acepte la conveniencia de separar mercado y política, y la necesidad de promover una complementariedad entre mercado y Estado que anime la creación de riqueza.
Todos podemos respaldar la igualdad ante la ley, la separación de poderes, y el equilibrio entre libertad y responsabilidad. Como concluye Benito Arruñada, “si la culpa es nuestra, la solución también”.
Volvamos a los trenes: el problema no es el gobierno, es el modelo
Nadie lo ha dicho con claridad: el origen del deterioro del transporte ferroviario no es un gobierno concreto, sino un modelo de precios políticos y universalismo moral que ignora los costes reales.
Antes de la pandemia iba a Jaén en tren. No era un AVE, pero funcionaba. Pagaba unos 35 euros, viajaba con regularidad y podía leer durante el trayecto. Hoy, con billetes casi gratis y descuentos masivos, el servicio se ha vuelto imprevisible: menos frecuencias útiles, saturación, peor experiencia. El mercado ha desaparecido.
El mecanismo es simple y conocido: cuando el precio se fija por debajo del coste real, el servicio deja de comportarse como un mercado. Nadie optimiza calidad, puntualidad o continuidad; aparece el racionamiento encubierto y la degradación. No es justicia social: es mala asignación.
En España hay además una ilusión moral persistente: “¿cómo va a ser justo que unos tengan acceso a más que otros?” La respuesta política ha sido igualar por abajo. Servicios “para todos” a precios ficticios acaban siendo servicios malos para casi todos. El problema no es que algunos puedan pagar más; es que nadie pueda acceder a un servicio decente.
No nos podemos permitir AVE en todas partes porque no queremos pagar lo que cuesta. Preferimos creer que el derecho sustituye al precio. Dos siglos de evidencia económica dicen lo contrario: cuando el precio deja de informar, manda la escasez. Los ejemplos extremos (Cuba) no son caricaturas morales, sino experimentos límite de lo mismo: precios ficticios → escasez estructural.
Si de verdad queremos trenes que funcionen, hay que aceptar lo incómodo: precios que reflejen costes, subsidios focalizados (no universales), y disciplina presupuestaria. No se puede ser “bueno”, tener todo y además gratis. La historia lo desmiente.
Muchas gracias.