Sobre esta misma base se han edificado todos los llamados “derechos sociales”. La mayoría de los países, sea que deriven de un régimen no democrático como el franquismo o de regímenes de larga tradición democrática como los nórdicos y los anglosajones, tienen legislaciones similares.
El problema estriba en que existe una evidencia cada vez más abrumadora que invita a concluir que el famoso proteccionismo del trabajador opera en realidad en su perjuicio. El resultado de dicho intervencionismo tiene muchas facetas, desde la hipertrofia de poderosos lobbies empresariales y sindicales que viven del dinero de los contribuyentes, hasta el mayor castigo que cabe infligir al pueblo trabajador: el paro. Los famosos “derechos de los trabajadores” son en realidad un lastre para su prosperidad y su empleo. España es un ejemplo particularmente doloroso de este intervencionismo, como se refleja en las cifras de desocupación.
Esta evidencia no ha dado lugar a una liberación del llamado mercado de trabajo sino a su continuo parcheo, singularmente su segmentación en dos partes, los trabajadores que disfrutan de un empleo fijo y los demás. Hay una conciencia creciente de que el intervencionismo daña al empleo, pero ningún político de ningún partido apuesta por la libertad. Incluso se llega al bochorno del actual gobierno socialista, que ante la terrible subida de la tasa de paro ¡se enorgullece porque bajo la gestión de Zapatero ha subido mucho la partida presupuestaria dedicada a la prestación por desempleo!
Pero si no hay parcheo y hay libertad, el resultado, nos dicen a derechas e izquierdas, sería muy nocivo para el pueblo. ¿De verdad lo sería? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el despido fuera libre?
El mero planteamiento de esta posibilidad producirá escalofríos, y muchos saltarán a la conclusión de que el resultado sería el paro, puesto que los empresarios aprovecharían el despido libre para despedir a raudales. Ante esto hay que apresurarse a aclarar dos puntos. El primero es que el despido libre no generaría como consecuencia el paro, porque el paro lo tenemos ya, con un despido bastante costoso para los empleados fijos. El segundo punto es que los empresarios no quieren despedir trabajadores, y no porque sean buenos sino porque anhelan obtener beneficios, y los beneficios se obtienen contratando gente.
Un despido costoso tiene como efecto el encarecimiento de la contratación, uno de esos resultados paradójicos de los que acostumbra a enseñar la economía. En efecto, los empresarios estarán recelosos a contratar si saben que no podrán despedir con facilidad. Liberalizar el despido, por tanto, sería bueno para el empleo.
Nótese que se trata de despido libre, no de despido gratuito, que es algo muy diferente. Si el despido fuera libre sería libremente pactado entre el empresario y el trabajador o los representantes que éste libremente escogiera. Desaparecería la negociación colectiva, porque en realidad no es negociación, dado que se impone por la fuerza a empleados y empleadores, y sería sustituida por negociaciones libres entre los trabajadores que así lo deseasen y los empresarios. Los trabajadores que no quisieran ser representados negociarían individualmente todas las condiciones de su contratación y su despido.
El despido libre, por último no sólo favorecería la contratación sino que terminaría con la injusta distinción entre los que tienen empleo fijo y los que carecen de él.
