Tras las conclusiones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recordé que, cuando fue aprobado, en 1995, Rafael Termes lo definió así: “el Pacto de Toledo es un pacto de silencio para no contarles a los españoles la verdad sobre las pensiones”. Un cuarto de siglo después, la definición se ajusta como un guante al engendro que acaban de parir sus señorías.
